Justicia para adolescentes: justicia olvidada


Adolescentes bajo sospecha

El viernes 14 de marzo de 2014 es una fecha que Alonso no olvidará. Tenía sólo 15 años cuando le desmoronaron el concepto de justicia.

Esa noche, Alonso no iba solo. Él y sus dos amigos, de 16 y 17 años, regresaban de una fiesta, en Apodaca, Nuevo León. Eran las 10:30 de la noche cuando pasaron cerca de una tienda Oxxo. Una camioneta de la Fuerza Civil —cuerpo de seguridad que sustituyó a la policía estatal— se encontraba en el lugar. Los tres adolescentes siguieron caminando, pero no lo hicieron por mucho tiempo. Un grupo de policías los detuvo y acusó de ser los responsables del asalto que, minutos antes, habían sufrido los empleados del Oxxo.

—Como no traíamos nada de lo que supuestamente habíamos robado, nos llevaron a la colonia donde vivimos; pasaron por mi casa, pero como las luces estaban prendidas, le llegaron derecho, no se detuvieron. Fueron a la casa de mi compañero y sacaron cuchillos, mochilas. Uno de mis compañeros tenía, en su casa, un rifle todo viejo, ya no servía, y lo hicieron que lo sacara. Después regresamos al Oxxo y los mismos policías sacaron mercancía y dinero.

Así fue como Alonso inició su historia en el sistema de justicia para adolescentes.

“Que aceptábamos todo lo que habíamos hecho, que nos declarábamos culpables y arrepentidos. Era un papel chiquito. Los tres leímos lo mismo.”Alonso, de 15 años, pasó seis meses privado de su libertad acusado de robar mil pesos y tres cajetillas de cigarros

En México, la estructura del sistema de justicia para adolescentes comenzó a construirse en diciembre del 2005, con las reformas al Artículo 18 de la Constitución. Entonces se estableció que la Federación, los Estados y el Distrito Federal debían crear un sistema integral de justicia para quienes realizaran una conducta tipificada como delito, y tuvieran entre 12 y 18 años.

Esa reforma también determinó que el sistema de justicia debe garantizar los derechos de niños y adolescentes, por lo que “el internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve”; además, se aplicará sólo a los adolescentes mayores de 14 años, por conductas consideradas como graves.

Antes de diciembre del 2005, el país tenía un sistema tutelarista: se podía internar, de igual forma, a un adolescente que habían cometido una falta administrativa o una conducta considerada como delito, sin que existiera de por medio un juicio.

A pesar de las reformas, en su corta historia el sistema de justicia para adolescentes no ha logrado sacudirse las viejas prácticas del modelo tutelarista. Tampoco se ha librado de los vicios que empañan la impartición de justicia en México. Este sistema aún está lejos de cumplir con sus principales cometidos: el resguardo de los derechos humanos de los adolescentes y su reintegración social y familiar.

Ya pasaba de la media noche cuando los policías de la Fuerza Civil entregaron a los policías ministeriales a Alonso y a sus dos amigos. Ahí, con los ministeriales, los adolescentes conocieron una de la viejas prácticas de la justicia mexicana.

—Nos preguntaron si andábamos drogados. Pues no, nadie. Nos preguntaron que cuántas veces habíamos robado el Oxxo, y pues no, no lo habíamos robado ni una vez, pero nos hicieron que dijéramos a fuerza que lo habíamos robado tres veces.

—¿Cómo los obligaron?

—A medida de golpes. Los ministeriales nos golpearon ahí dentro. Estuvimos ahí como unas cuatro horas. Nos estaban haciendo preguntas y nos traían golpe tras golpe. A mi compañero, el del rifle, lo sometieron con una bolsa en la cabeza.

En el estudio “La reinserción social familiar de los adolescentes en conflicto con la ley: de la situación actual, hacia una propuesta de intervención”, la investigadora Elena Azaola escribe que los golpes y la tortura no son sólo una anécdota aislada: 76% de 278 jóvenes entrevistados en centros de internamiento de Hidalgo, Morelos, Coahuila y Sinaloa, afirmaron que fueron “severamente golpeados al momento de su detención”.

Una operación sin principios

La reforma constitucional del 2005 llevó a la creación de leyes estatales para adolescentes en conflicto con la ley. Hoy todos los estados cuentan con un sistema de justicia para adolescentes instalado.

Sin embargo, de acuerdo con Rubén Vasconcelos, autor del libro “La justicia para adolescentes en México. Análisis de leyes estatales”, 11 legislaciones estatales no están acorde con los principios que marca el Artículo 18, ya que se juzga a los adolescentes con un sistema mixto. Así sucede en el Estado de México y el Distrito Federal.

Rubén Vasconcelos apunta que la reforma constitucional no sólo implicaba la elaboración de nuevas leyes, sino un replanteamiento de las políticas en este campo de la justicia.

A este panorama se suma una Federación que ha ignorado el tema, incumpliendo los plazos que estableció la reforma constitucional del 2005. Además, propuso una Ley Federal sobre Justicia para Adolescentes, que debió entrar en vigor en diciembre de 2014, pero que recibió fuertes críticas por parte de investigadores, organizaciones de la sociedad civil e, incluso, algunos legisladores, por no estar acorde al sistema acusatorio-oral.

Antes de terminar el 2014, el Senado aprobó un decreto para aplazar su entrada en vigor de la Ley Federal sobre Justicia para Adolescentes hasta junio de 2016. Con esta prórroga se espera que se presente una propuesta de Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, con la cual se busca homologar el sistema en todo el país.

Hoy ningún estado puede presumir de cumplir con todas las características que debería tener este sistema de justicia: ser integral y especializado, garantizar un juicio justo, atender al interés superior del niño, preferir las formas alternativas de justicia al proceso penal, imponer medidas cautelares y sancionadoras que permitan la reinserción del adolescente en la sociedad y, sobre todo, aplicar de manera excepcional la privación de la libertad.

Alonso y sus dos amigos fueron acusados por robar mil pesos y tres cajetillas de cigarros. El delito por el que fueron procesados fue robo con violencia moral; no se les permitió llevar su proceso judicial en libertad.

La noche del domingo 16 de marzo, Alonso llegó al Centro de Internamiento y Atención de Adolescentes Infractores de Monterrey. Los custodios los recibieron con manotazos y una mordida en la oreja. El proceso judicial de Alonso duró tres meses: 90 días de prisión preventiva.

En los últimos años, los congresos estatales “han realizado reformas regresivas que afectan el núcleo de derechos sustantivos que tiene el adolescente”, resalta Rubén Vasconcelos. Por ejemplo, se han ampliado los plazos para presentar a los adolescentes ante el juez; éste debe ser menor a las 48 horas.

En Oaxaca, por ejemplo, se tiene un plazo de 48 horas para presentar al adolescente ante el juez, porque se argumenta que sólo hay un juzgado especializado en la capital del estado. “Como la entidad no ha cumplido con su obligación de crear más juzgados, se sacrifican derechos de los adolescentes”, destaca Vasconcelos.

Y si se habla de prisión preventiva, México destaca en toda Latinoamérica por tener los plazos más largos de esta medida para adolescentes: en Chihuahua, este plazo puede ser de hasta 200 días y en Jalisco de 120 días.

En el Informe sobre la Justicia para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal en México, realizado por el Instituto de Justicia Procesal Penal A.C., se resalta que la prisión previa al juicio debe ser una medida cautelar extrema, “impuesta de manera excepcional”.

Luz y sombra



Es un lunes de octubre y en Cuernavaca, Morelos, se siente el sol de las dos de la tarde. En el interior del edificio de forma cilíndrica, una psicóloga realiza una llamada telefónica a la madre un adolescente que fue detenido hace unas horas. Está verificando la información que el joven le dio cuando lo entrevistó : ¿Dónde vive? ¿En qué escuela estudia? ¿Dónde trabaja?

La psicóloga forma parte de las diez personas que laboran en la Unidad de Medidas Cautelares para Adolescentes (Umeca).

En 2007 nació el modelo de la Umeca o servicios previos al juicio. Su creación fue impulsada por el proyecto Presunción de Inocencia México, de la organización Open Society.

Morelos fue la entidad donde se implementó como un programa piloto, primero, y después como parte formal del sistema de justicia para adolescentes. Incluso, se trató de un programa pionero en América Latina. Hoy es la única unidad de su tipo en el país.

En el sistema de justicia para adolescentes —resalta Javier Carrasco, director del Instituto de Justicia Procesal Penal—, estas unidades tienen un mayor sentido porque permiten dar un seguimiento y supervisión al adolescente.

Los psicólogos que laboran en la Umeca realizan —a partir de entrevistas al adolescente y sus familiares, y verificación de la información— una opinión técnica sobre si existe un riesgo de que el detenido evada la justicia.

Si el juez determina que el adolescente siga su proceso en libertad, el personal de la Umeca supervisará el cumplimiento de las medidas. Las estadísticas muestran que 95% de los adolescentes cumplen con las medidas cautelares.

Fanny García y Laura Torres son psicólogas jóvenes y, como todos los que laboran en la Umeca, realizaron una serie exámenes y asistieron a cursos de capacitación para poder trabajar en esta unidad.

En su trabajo se han enfrentado a defensores o ministerios públicos que, al iniciar la unidad, menospreciaban sus informes técnicos. También se encontraron con familiares que trataron de sobornarlas para que en la opinión técnica el adolescente presentara un riesgo bajo de evasión. Lo que hoy viven día a día son jornadas de trabajo que van más allá de las ocho horas, falta de recursos para hacer sus verificaciones de información —la Umeca sólo tiene dos vehículos— y burocracias innecesarias.

“Se pretende castigar cada vez más a los adolescentes, pensando que es la mejor solución para abatir la criminalidad juvenil.” Rubén Vasconcelos, investigador

—¿Cómo blindar a la Umeca de los vicios del sistema penal mexicano? —pregunto a las psicólogas.

—Lo blindamos si miramos la importancia y el impacto que tiene nuestro trabajo; capacitándonos todo el tiempo. Y sí, a veces los sueldos son bajos y hay burocracias que no incentivan, pero cuando te gusta lo que haces y estás consciente del impacto que tiene tu trabajo, entonces miras desde otra perspectiva tu labor. —dice Fanny.

—Tenemos que recordar una y otra vez los valores de esta Unidad; cuál es su propósito. —remarca Laura.

La función de la Umeca, sobre todo, es intervenir en la etapa previa al juicio para proteger la presunción de inocencia, asegurar la presencia de la persona imputada a su juicio y, en el caso de los adolescentes, que su desarrollo no sea vea truncado por una estancia en prisión innecesaria.

Carla tiene 16 años y es madre de un pequeño que aún no cumple el año de edad. Hace mes y medio que fue detenida, junto con el padre de su hijo, acusados de robo calificado contra un taxista. El juez le concedió llevar su proceso en libertad; para no perder este beneficio, Carla tiene que presentarse, una vez al mes, a las oficinas de la Umeca para firmar, entregar un informe sobre su conducta (que realiza su familia) y comprobar que estudia la secundaria abierta.

—Estoy cumpliendo con todo, porque no quiero que me lleven al tutelar (Centro de internamiento), no quiero, porque quiero cuidar a mi hijo. —dice Carla mientras entrega su informe de conducta.

Aunque Morelos se distingue por su Umeca, no puede sentirse orgulloso del todo. En 2013, la Comisión de Derechos Humanos del Estado emitió una recomendación al gobierno del estado para que se atendiera la sobrepoblación, la falta de higiene, de infraestructura adecuada y de medicamentos, entre otras irregularidades, en los centros de reclusión, entre ellos el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para los Adolescentes (CEMPLA).

A principios de noviembre del 2014, este centro tenía una población de 157 adolescentes; 52% de ellos cumplieron los 18 años en el lugar, hoy los mayores tienen 24 años; dos de los internos tienen una sentencia por ocho años.

“Se sigue pensando en cómo castigar, en el tiempo para hacerlo, en lugar de pensar en cómo reinsertar a los adolescentes en la sociedad”, resalta Rubén Vasconcelos.

El alto porcentaje de jóvenes mayores de 18 años recluidos —apunta Elena Azaola en su estudio sobre el tema— es, en buena parte, el resultado de las elevadas sentencias que han resuelto imponer la mayoría de los estados. En Morelos, por ejemplo, la sentencia máxima para adolescentes es de 9 años.

Durante el proceso de Alonso, uno de sus defensores públicos pidió a los padres de los adolescentes entregar 12 mil pesos como pago para el tratamiento psicológico del dueño del Oxxo.

—Mis papás no entregaron ese dinero en el juzgado, lo entregaron en el estacionamiento; lo entregaron porque les dijeron que así se iba a reducir la sentencia. Y eso no pasó. —cuenta Alonso.

El segundo defensor público les insistía en que se declararan culpables, porque eso se tomaría en cuenta para darles una pena más baja. El día de la audiencia, la misma defensa de los adolescentes les entregó un papel donde estaba escrito lo que tenían que leer.

—Que aceptábamos todo lo que habíamos hecho, que nos declarábamos culpables y arrepentidos. Era un papel chiquito. Los tres leímos lo mismo. La defensa nos decía que si alegábamos nos íbamos a ir por los tres años directamente, que si apelábamos nos iban a mandar a tres años. Ya no hicimos nada.

En el “Informe sobre la Justicia para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal en México”, publicado en mayo del 2013, se alerta sobre la necesidad de una defensa pública capacitada y especializada.

En el centro de la ciudad de Monterrey se encuentra una de las oficinas de defensoría para adolescentes. El único defensor público que se encuentra ahí no accede a dar su nombre. Es joven, no tiene más de 35 años y su horario de labores es de ocho de la mañana a 16:00 horas. Él cuenta que muchos defensores comienzan su carrera en el sistema de adolescentes pero, en realidad, su objetivo es trabajar en el sistema para adultos, porque ahí pueden aspirar a mayores ingresos.

“Y sí, a veces los sueldos son bajos y hay burocracias que no incentivan, pero cuando te gusta lo que haces y estás consciente del impacto que tiene tu trabajo, entonces miras desde otra perspectiva tu labor.”Fanny García, psicóloga de la UMECA en Morelos


Sobre la carga de trabajo, el defensor asegura que en estos tiempos está “mucho más leve. Vemos un promedio de cuatro juicios a la semana. Pero hace un año, cuando la violencia estaba más fuerte, teníamos mucha carga de trabajo, salíamos de aquí después de las ocho de la noche”.

Los números del sistema

Robo a transeúnte en vía pública, lesiones, robo a casa y narcomenudeo son los principales delitos por los que son procesados los adolescentes en México, de acuerdo con los datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal, realizado por el INEGI.

En 2012 se procesaron a 19,178 adolescentes. De ellos, 405 no sabían leer ni escribir; 634 no habían asistido nunca a la escuela; 2,617 estudiaron sólo la primaria; 5,990 estuvieron inscritos en la secundaria; 2,647 entraron a la preparatoria y 7,290 no pudieron especificar hasta qué grado habían estudiado.

De acuerdo con la Unicef, la mayoría de los adolescentes mexicanos que entran en conflicto con la ley son de sexo masculino, tienen de quince a diecisiete años, presentan un retraso escolar de más de cuatro años o han abandonado la escuela, residen en zonas urbanas marginales, trabajan en actividades informales que no exigen calificación laboral y suelen vivir en entornos violentos.

Más datos: de 278 jóvenes entrevistados por un equipo liderado por la investigadora Elena Azaola en los centros de internamiento de Hidalgo, Coahuila, Sinaloa y Morelos, 47% abandonaron sus casas por días o meses. Sus principales motivos: separación o violencia entre los padres, maltrato o abuso sexual. El 40% de ellos aseguró que podía conseguir droga fácilmente.

No sólo el estado carece de estrategias para atender a los adolescentes en riesgo de entrar al sistema de justicia o que ya están en él. Se cuentan con los dedos de la mano las organizaciones civiles que trabajan con esta población. Entre ellas se encuentran CreeSer, Promoción de Paz, Reintegra y Fundación Renace.

CreeSer tiene entre sus programas el Proyecto PazArte, el cual se enfoca a realizar talleres en colonias con altos índices de violencia. La organización Promoción de Paz trabajó en los Centros de Internamiento de Nuevo León y Coahuila; también da seguimiento a los adolescentes que ya cumplieron con su sentencia. Reintegra tiene un programa para pago de fianzas y de apoyo psicológico y educativo para los adolescentes que salieron de un centro de internamiento en Nuevo León. Fundación Renace trabaja en el Distrito Federal con adolescentes que están cumpliendo sus medidas sancionatorias en libertad.

Él pide que lo llamemos Brayan. Hoy tiene 18 años y una historia que desea dejar atrás: fue miembro de uno de los cárteles que controlan el tráfico de drogas en el norte del país.

Antes de comenzar ese capítulo de su vida, ninguna de las cuatro escuelas secundarias donde trató de cursar el primer año lo retuvo, “de volada me corrían, era muy inquieto y ya no estudié”. El cártel al que se unió, lo mandó a su propia escuela: Brayan recibió capacitación en uno de los campos de entrenamiento que tiene el narcotráfico en Tamaulipas.

A los 15 años fue detenido y acusado de homicidio y secuestro. El cártel para el que trabajaba mandó a un abogado.

—Su misión era sacarme, porque me querían dar ocho años, pero me aventé nomás tres meses, ya de ahí, salí y volví a trabajar. —recuerda.

Tenía 16 años cuando volvió a ser detenido. Era 2012. Su acusación fue por delincuencia organizada y equiparable al robo. Cuando lo detuvieron no lo llevaron de inmediato ante el Ministerio Público; lo metieron a un hotel y ahí lo torturaron. Su proceso duró siete meses (más de 200 días) y la sentencia que recibió fue por dos años privado de su libertad.

A partir de 2010, los periódicos comenzaron a publicar cada vez más historias sobre adolescentes que participaban en los cárteles del narcotráfico como “halcones” o sicarios.

“Los temas relacionados con la delincuencia organizada han hecho que haya un endurecimiento del sistema, contrario a lo que marca la Constitución”, resalta Rubén Vasconcelos. Varios congresos estatales han realizado reformas a sus leyes para incrementar el número de años que puede pasar un joven en un centro de internamiento. Incluso, también algunos establecieron penas mínimas.

Hoy si se hiciera un mapa sobre las penas de internamiento máximas para adolescentes en el país tendríamos que sólo cuatro estados tienen un periodo máximo de 5 años; en 10 estados, los adolescentes pueden alcanzar una pena de 7 años internados. En cinco estados, el internamiento máximo es de ocho años.

Morelos es la única entidad que marca en su ley un internamiento para adolescentes de nueve años. En Chiapas, Colima, Michoacán y Quintana Roo un adolescente podría estar internado hasta 10 años. En Oaxaca son 12 años. En Chihuahua, Veracruz y Yucatán, la pena máxima son 15 años. En Coahuila y San Luis Potosí es de 18 años. En Nayarit, las medidas se imparten de acuerdo con su Artículo 156, es decir, “no podrán exceder en su duración del límite mínimo de la penalidad correspondiente a la conducta tipificada en el Código Penal, y no podrán ser inferior a la mitad de ese límite”.

Aguascalientes se distingue en el panorama nacional por tener una de las penas más altas: un adolescente pueda pasar 20 años de su vida en un centro de internamiento. Si entra a los 14 saldrá cuando tenga 34 años. “Se pretende castigar cada vez más a los adolescentes —resalta Rubén Vasconcelos—, pensando que es la mejor solución para abatir la criminalidad juvenil”.

Datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal, realizado por el INEGI, muestran que en 2012 había 5,141 adolescentes privados de su libertad en alguno de los 60 centros de internamiento que funcionan en el país. Sólo 24 de ellos recibieron una sanción de tres meses; mientras que 314 fueron sancionados con más de dos años de internamiento. El resto pasó entre seis y dos años en un centro de internamiento.

Las penas se han extendido porque “no se ha comprendido que si bien el sistema de justicia para adolescentes es penal, es distinto al sistema para adultos. —resalta la doctora Beatriz Azzolini— Comprender esto no ha sido fácil para los mismos operadores del sistema, para los legisladores ni a nivel social”.

“Sigue la visión del derecho penal del enemigo”, destaca Javier Carrasco: “Existe un fenómeno social, pero no se sabe qué hacer con él y lo único que se hace es agravar la pena. A veces se quiere aplicar la ley en blanco y negro, pero la ley habla de un conflicto social y esa historia no podemos encajonarla en blancos y negros”.

El internamiento, una deuda

A las oficinas de la UMECA, en Morelos, llega Sofía acompañada de su mamá. Sofía tiene 15 años y un gran resentimiento en contra de los policías del Mando Único que la detuvieron el 12 de julio del 2014. Ese día, sin ninguna orden de cateo o de aprehensión, entraron a su casa y la detuvieron a ella y a su mamá, Carmen. Las acusaron de ser parte de un grupo del narcotráfico. Por falta de pruebas, el juez ordena la liberación de Carmen. Con Sofía no sucedió lo mismo:

—Los policías del Mando Único me sembraron la droga. Cuando nos detuvieron nos amenazaron, nos decían que nos iban a violar… Me acusan de llevar 84 gramos de marihuana.

Durante 12 días, Sofía estuvo detenida en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para los Adolescentes (CEMPLA). El juez le otorgó medidas cautelares, después de que su mamá comprobó que Sofía estaba estudiando. Ahora, ella tiene que asistir una vez al mes a las oficinas de la UMECA a firmar, no puede salir del estado de Morelos y su mamá tiene que entregar un reporte de la conducta de su hija.

Desde la detención, la vida de Sofía dio un giro de 180 grados: la secundaria donde estudiaba no le ha entregado su certificado de estudios, no logró inscribirse en la preparatoria, muchos de sus amigos y vecinos se alejaron de ella cuando miraron su fotografía en el periódico.

—Cuando estábamos detenidas en la procuraduría, los mismos policías pasaban y nos tomaban fotos con su celular. Estoy segura que ellos fueron los que dieron nuestras fotos a los periódicos.

En su estudio Elena Azaola recomienda que “las instituciones que forman parte del sistema lleven un adecuado registro de los casos e impidan que los datos, la identidad y la imagen de los adolescentes sean hechos públicos y sean estigmatizados a través de los medios”.

El 10 de febrero del 2014, Julián —16 años— fue a los alrededores del Foro Sol, en la Ciudad de México, con uno de sus amigos de la colonia. Fueron a robar celulares.

—Ya íbamos bien activos, hasta el gorro. Nos salió mal y nos agarraron. —recuerda.

Lo llevaron a la Agencia 57 del Ministerio Público Especializada en Asuntos de Niñas, Niños y Adolescentes; ahí estuvo alrededor de dos horas y media. Después lo trasladaron al Centro Especializado para Adolescentes “Dr. Alfonso Quiroz Cuarón”, donde los “guías” (antes conocidos como custodios) le dieron la bienvenida:

—Nos encueraron, nos hacían burla y nos pateaban.

Cuando Julián habla de sus días en el Centro Especializado lo hace en presente, como si todavía estuviera ahí:

—Si te les quedas viendo, te meten tu cachetada… Cuando hay peleas, los guías nos dicen: ‘si ustedes quieren golpes, nosotros se los damos’. Para evitar broncas en su chamba, nos llevan al baño, ahí nos pegan.

En ese Centro hay un argot que los internos deben aprender. Quienes lo enseñan son los “guías”. “Un baja sangre” es un golpe en la cabeza. Un “correcaminos” es un rodillazo en las piernas. Un “chiricuazo” es un golpe en la nuca. Un “bombonazo” es una bofetada.

Los “guías” también son los encargados de indicar cómo se debe vivir en el Centro:

—Nos enseñan a marchar, a cómo hacer la fajina (labores de limpieza del lugar), a quién podemos ver y a quién no. Nos dicen que no podemos ponchar (denunciar). Ahí lo único que te pueden quitar es la comida y tus cosas; había chavos que luego no comían dos o tres días.

Alonso recibió una sentencia de privación de la libertad, durante seis meses. No pudo acceder a los beneficios de libertad anticipada. Durante los más de 180 días que pasó “internado” tomó algunas clases de electricidad y conoció cómo se puede hacer tinta para tatuajes, machacando el grafito de los lápices y mezclándolo con champú. Muy pocas veces tomó terapias psicológicas. La mayor parte de su tiempo “no hacía nada”.

Alonso volvió a caminar libre el 12 de septiembre del 2014.

—¿Qué perdiste durante el tiempo que estuviste en el Centro de Internamiento?

—El que ahorita no pueda estar estudiando en alguna prepa y muchas cosas, como el haber estado encerrado seis meses sin estar con mi familia.

Elena Azaola resalta que en la mayor parte de los centros para adolescentes donde realizó su estudio “no existen programas educativos sólidos, constantes y de buena calidad… que les ofrezcan elementos para reincorporarse a la sociedad en mejores circunstacias o con mayores oportunidades en relación con las que tenían cuando ingresaron”.

Lo ideal, coinciden los especialistas, es que se implementen las medidas alternas. “Éstas no son para que haya impunidad. —explica Beatriz Azzolini— Su objetivo es lograr un acuerdo adecuado para el adolescente, que es una persona en desarrollo, y la víctima”.

Para Rubén Vasconcelos, los jueces de ejecución deben imponer sanciones que realmente tengan un carácter pedagógico, medidas individualizadas que tomen en cuenta el contexto del adolescente.

La mano de la sociedad civil

Julián vivió dos meses en el Centro Especializado para Adolescentes. El juez le otorgó medidas sancionatorias en libertad: durante 11 meses y 26 días, tiene que tomar terapia psicológica, comprobar que está estudiando, debe estar bajo el cuidado de su familia y tiene que entregar reportes al juez. Si no cumple, se le revocará la medida y regresará al Centro. Julián cumple sus medidas sancionatorias en libertad con la ayuda de Fundación Reintegra.

Creada en 1982, Fundación Reintegra tiene como objetivo la reintegración social de adolescentes en conflicto con la ley, para evitar su reincidencia. Desde hace algunos años tiene un convenio con la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes del DF, para atender a los jóvenes a los que se les impuso medidas sancionatorias en libertad.

Cada adolescente tiene un programa individual diseñado por los psicólogos, trabajadores sociales y abogados que laboran en Fundación Reintegra. Los padres de los adolescentes también deben asistir a la organización para participar en pláticas o terapia psicológica grupal o familiar. El programa, por lo menos, dura un año. “Lo que nosotros hacemos es trabajar con ellos para que comprendan que la conducta que realizaron no fue la adecuada, que hicieron un daño y que vayan construyendo un proyecto de vida”, explica Jimena Cándano, directora de la organización.

Por sus capacidades, Reintegra sólo trabaja con cerca del 10% de los adolescentes que tienen medidas en libertad. En 2013, sólo 4% de los adolescentes que atendieron reincidieron en una conducta fuera de la ley.

Una de las prioridades del sistema deberían ser las medidas no privativas de la libertad, dicen los especialistas Rubén Vasconcelos y Jorge Carrasco. La realidad muestra que este campo está abandonado, pese a que la mayoría de los adolescentes procesados y juzgados reciben medidas sancionatorias en libertad.

“Se impone una sentencia en libertad, pero muchas veces sólo consiste en ir a firmar. Eso genera una sensación de impunidad, porque nadie vigila el real cumplimiento de estas medidas”, comenta Rubén Vasconcelos.

El futuro roto

Hace tres meses Claudia salió del Centro de Internamiento, después de vivir ahí durante 22 meses. Fue acusada de secuestro y detenida por los policías ministeriales, cuando tenía 17 años. Ella asegura que la culparon de algo que no cometió. “Todo por haber estado en el lugar menos indicado”, dice y recuerda que durante las primeras horas de su detención: “no me tomaron en cuenta como ser humano. No les importó hablar conmigo, interrogarme, que yo les diera mi versión; apenas iba a hablar y ya era un golpe el que me daban. Nadie investigó lo que pasó”.

Claudia logró que le otorgaran la libertad anticipada. Salió dos meses antes de cumplir su sentencia, pero debe acudir durante seis meses a firmar al juzgado, estudiar la preparatoria y tener tratamiento psicológico.

—Se me hace difícil cumplir con lo que pidió el juez. —acepta Claudia— Yo no trabajo y mi familia no tiene dinero; cada que voy a firmar gasto como setenta pesos en el transporte. Me gustaría estudiar en una escuela donde haya un maestro que me explique, pero yo estudio por internet y no le entiendo. Si no cumplo, el juez me va a regresar.

Quien ha solicitado desde hace tiempo el beneficio de libertad anticipada, sin conseguirlo, es Lorena. Ella llegó al Centro de Internamiento para Adolescentes cuando tenía 14 años, lleva seis privada de su libertad y aún le faltan dos más para cumplir con la sanción. Para conseguir la libertad anticipada, el juez determinó que debe terminar la preparatoria, sin embargo, en el centro sólo hay un maestro para todas las internas. Lorena, hasta ahora, no ha logrado exentar los exámenes de la preparatoria abierta.

—Muchas de las que están adentro hacen lo posible por salir antes: estudian, hacen manualidades, se portan bien, hablan con respeto a los oficiales, acuden a psicología, acuden a los bailables y todo, pero luego nada es tomado en cuenta y el equipo técnico —encargado de entregar los reportes al juez— no pasa los informes bien y por eso muchas muchachas no salen. —asegura Claudia.

El internamiento “debe ser una medida extrema”, insiste Rubén Vasconcelos. Sin embargo, en los estados también se han hecho reformas, “para que los adolescentes no puedan salir sino hasta que cumplan con las dos terceras partes o la mitad de su medida sancionatoria”. Como sucede en Aguascalientes, donde no pueden salir hasta que cumplan la mitad del tiempo de internamiento que se les impuso.

Javier Carrasco considera que es necesario colocar al sistema de justicia para adolescentes en el mismo nivel que el sistema para adultos. “Si se falla en la justicia para adolescentes, muchos de esos chicos llegarán al sistema para adultos. Es urgente que se le dé un orden, que se le den recursos, que se le evalúe”.

La relevancia del tema va más allá de los casos individuales, pues se vincula al potencial de México.

“No valoramos lo que es tener un país con gente joven”, argumenta Verónica Baz, directora del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC). “México tiene un bono demográfico que no va a tener después. Esto es algo muy preciado”, agrega.

En este sentido, el contexto de la implementación del nuevo sistema de justicia penal abre oportunidades para atender este asunto, y de acuerdo con Baz, ello debe hacerse a partir del reconocimiento de que todos como sociedad somos parte de que un adolescente cometa un delito.

Alonso, el muchacho de Nuevo León que pasó seis meses privado de su libertad por robar mil pesos y tres cajetillas de cigarros, quiere estudiar criminología, para realmente investigar qué paso en un crimen.

Carla, la adolescente que a sus 16 años ya es madre y está acusada de robo a un taxista, tiene la esperanza de que, en caso de que el juez la declare culpable, le imponga medidas sancionatorias en libertad.

Brayan, el joven que conoció las reglas del narcotráfico cuando tenía 14 años, ahora tiene 18. Hace dos meses que salió del Centro de Internamiento; trabaja en una fábrica donde gana menos de 200 pesos al día y confía en que no lo buscarán sus antiguos jefes del cártel, porque “todos están encerrados y unos muertos”.

Julián, el muchacho de 16 años al que se le hizo fácil robar un celular, reconoce que no ha logrado dejar de fumar mariguana, pero ya logró dejar el activo.

Claudia, quien vivió dos de sus 19 años en un centro de internamiento, visita con frecuencia las oficinas de la organización Renace para tomar ahí sus clases por internet. Sueña con tener una estética. Aún está en contacto con algunas de sus ex compañeras del centro de internamiento; “porque a muchas, su familia ya no las visitan”.

Sofía, de 15 años y acusada de narcomenudeo, espera la audiencia donde se deben presentar los policías que la detuvieron y que el juez la absuelva, para que pueda retomar su vida. Cuando le pregunto qué es la justicia, hace una mueca y dice: “No hay justicia. Conmigo no la hubo, nadie investigó. No hay justicia, simplemente.”

A Sofía también le desmoronaron su confianza en la justicia.






Fuente: Proyecto justicia

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